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La multa del CAP no debe repercutir en las ayudas a agricultores y ganaderos

 

ASAJA de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno regional que la sanción por incumplimiento del Coeficiente de Admisibilidad de Pastos (CAP) sea afrontada sin tocar las partidas destinadas a los agricultores y ganaderos. Así se acordó en la úlltima reunión del Comité Técnico con presencia de los representantes de todas las provincias, entre ellos, el secretario general de APAG, Antonio Torres.

La organización agraria se ha pronunciado después de que el Tribunal Supremo haya rechazado el recurso presentado por el Gobierno regional contra el Acuerdo del Consejo de Ministros de 17 de febrero, por el cual se distribuye entre las comunidades autónomas, principalmente Andalucía y Extremadura, los importes de la multa de 270 millones de euros impuesta por la Comisión Europea al Gobierno nacional.

Así pues, si las comunidades autónomas no pagan en los plazos estipulados, el Ministerio puede compensarlas a través de las ayudas procedentes del FEAGA o el FEADER para la aplicación de la PAC, es decir, las ayudas de los agricultores y ganaderos.

El Comité Técnico de la organización agraria, que se ha reunido en Toledo, ha manifestado que la posibilidad de que la sanción repercuta en las ayudas europeas u otros fondos o partidas dirigidas al sector productor, está provocando mucha inquietud entre los agricultores y ganaderos castellano-manchegos.

El motivo de la penalización impuesta por la Comisión Europea al Gobierno nacional es que España no aplicó correctamente el reglamento europeo sobre los criterios para definir los pastos, ya que se consideraron admisibles a efectos de activar los derechos de pago determinadas superficies que, en función de la definición comunitaria, no podían ser pastables y aprovechables por el ganado.

Los agricultores, ha recordado la organización agraria, se han limitado a cumplir con la normativa y a declarar sus superficies tal y como se les indicó desde las administraciones, y por tanto, no deben asumir el coste de la multa que en el caso de Castilla-La Mancha asciende a 32,3 millones de euros.

La organización agraria ha instado a las administraciones para que encuentren una solución y ha insistido en que se defienda un sistema de pastos que incluya las características excepcionales de cada zona, con el fin de que el ganado pueda pastar, a la vez que ayuda a conservar la biodiversidad y a prevenir los incendios forestales.