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Nuevo ataque de lobos. APAG propone unir a las provincias afectadas

10 mayo, 2013

Se ha registrado un nuevo ataque de lobos sobre el ganado en el norte de Guadalajara. Ell ganadero Miguel Esteban, de Galve de Sorbe, ha sufrido una vez más la impunidad con que actúan estos animales, que en esta ocasión se han cebado con una de sus vacas cuando estaba pariendo. APAG va a solicitar a Asaja Nacional que se cree una sectorial en la que se intregren todas la provincias afectadas por ataques de lobos. ULTIMA HORA: ASAJA Avila comienza a tramitar las denuncias de los ganaderos afectados por ataques de lobos 

 

 

Ayer tuvo lugar un nuevo ataque de lobos sobre el ganado en el norte de Guadalajara. Una vez más el ganadero Miguel Esteban, de Galve de Sorbe, ha sufrido la impunidad con que actúan estos animales, que en esta ocasión se han cebado con una de sus vacas cuando estaba pariendo. Los lobos atacaron a la madre, a la que dejaron malherida y sin poder terminar de parir el ternero, que nació muerto y que tuvo que sacar después el propio ganadero.

 

APAG-ASAJA apoya a su sectorial Agrupación de GANADEROS SIERRA NORTE de Guadalajara, responsabilizando a la Administración regional de la situación límite que viven los ganaderos afectados y reclamando medidas que protejan al sector, además de la indemnización por los daños. Tras la reunión del día 3 de Abril con la consejera de Agricultura los ganaderos ven como toda ha quedado solamente en buenas palabras, y no en hechos .

APAG-ASAJA como organización miembro de Asaja, va a proponer al presidente nacional, Pedro Barato, crear una sectorial que agrupe a representantes de Asaja en todas las provincias que se están viendo afectadas por ataques de lobos: Salamanca, Avila, Segovia, Palencia y hasta la comarca de  Liébana. APAG cree que el problema es lo suficientemente grave y está lo bastante extendido como para abordarlo y tratar de buscar una solución a nivel nacional.

APAG, al igual que han manifestado otras organizaciones provinciales de ASAJA, considera imprescindible que las actuaciones que se adopten tiendan a la protección del ganadero, que es quien genera riqueza y actividad económica en el medio rural, y que en estos momentos sufre una fuerte crisis que no debe verse agravada por los ataques del lobo.

Asimismo varias Asajas provinciales han calificado también de “inaceptable” la forma de indemnizar a los afectados a través de un seguro que debe abonar el propio ganadero y exigen a las consejerías correspondientes que asuman las indemnizaciones directas al ganadero.

ULTIMA HORA: 

ASAJA Avila comienza a tramitar las denuncias de los ganaderos afectados por ataques de lobos La reclamación incluye una indemnización por el daño real y objetivo de las cabezas de ganado afectadas así como por la cuantía abonada por la contratación de seguros

La Asociación Agraria Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ávila está comenzando a tramitar las denuncias de los ganaderos afectados por los ataques de lobos, tras la sentencia del Tribunal Supremo de la que se desprende que la Administración regional tienen la responsabilidad de indemnizar al ganadero por el daño sufrido.

El departamento jurídico de ASAJA de Ávila ha elaborado una reclamación de responsabilidad patrimonial de la Administración para reclamar a la Consejería de Medio Ambiente este tipo de daños. Asimismo, los ganaderos afectados deben aportar la denuncia interpuesta ante la Guardia Civil o servicio de Medio Ambiente, así como certificados veterinarios que acrediten las lesiones o la muerte del animal. 

El objeto de la indemnización lo componen por un lado, el daño real y objetivo de las cabezas de ganado afectadas por el lobo, así como, por otra parte, la cuantía abonada en virtud de la contratación de esos seguros que imponía la normativa ahora declarada nula.

ASAJA anima a todos los ganaderos que hayan sufrido daños por lobos desde diciembre de 2009 a presentar la correspondiente reclamación ante la Junta de Castilla y León.

Una reclamación que se basa en la Sentencia del Tribunal Supremo, de 22 de marzo de 2013, de la que se desprende que la Administración debe hacerse cargo de la  responsabilidad patrimonial en virtud de la conservación de la especie

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