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El campo vuelve a la calle. Asaja se moviliza en Madrid con Coag y en Toledo en solitario
17 diciembre, 2024
Los agricultores y ganaderos han vuelto a salir a la calle. Ayer lunes día 16 con una gran protesta en Madrid a las puertas del ministerio de Agricultura en la que participaron cerca de 500 personas y hoy martes en Toledo, frente a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha.
Miles de agricultores y ganaderos llegados de todos los puntos de la geografía española se concentraron este lunes para decirle al Gobierno español NO A MERCOSUR, y dejar claro que no quieren este Acuerdo entre la Unión Europa y Mercosur. Aún la decisión no es firme y ambas organizaciones avanzan que mantendrán la presión para intentar que este tratado no vea la luz, en las condiciones actuales.
Entre ellos, más de 200 agricultores de la provincia de Guadalajara, quienes reivindican “el peso de nuestro cereal que está absolutamente hundido por muchos factores”, remarca el presidente de la Asociación Provincial de Agricultores y Ganaderos (APAG), Juan José Laso. “Mercosur puede ser la puntilla a todos los productores de grano y al ganado extensivo, bovino y de vacuno de nuestra provincia”, prosigue.
“Nos hemos desplazado hasta aquí porque estamos ahogados por los precios mundiales que están bajos”, lamenta. “Necesitamos ‘flotadores’ por parte de este gobierno central que nos está hundiendo a todos”, lamenta. “Pedimos tasas, aranceles al cereal de fuera y que se respete la ley de la cadena alimentaria”, exige.
El portavoz de los jóvenes de APAG, el agricultor de Fuentelencina, Víctor Plaza, también está allí. En representación de todos ellos, dice “no” a Mercosur, “no a este abuso que viene de terceros países con mercancías que tienen exigencias fitosanitarias que llevan prohibidas en Europa más de 30 años”. Plaza ve un futuro negro de seguir las cosas así: “En España los jóvenes agricultores no tenemos salida si no ponen restricciones, cláusulas espejo al cereal”.
Tras la oleada de protestas y manifestaciones que tuvieron lugar desde finales de 2023 en las distintas provincias y comunidades autónomas, y que culminaron con una gran tractorada por el centro de Madrid en febrero, Agricultura puso en marcha un paquete de 43 medidas que no contó con el refrendo ni de Asaja ni de COAG, ya que consideran que son “claramente insuficientes” para dar respuesta a las demandas del sector, ya que las reivindicaciones de aquellas protestas «siguen aún vigentes».
Los agricultores y ganaderos españoles reiteran que los altos costes de producción y los bajos precios en origen en buena parte de las producciones siguen siendo una rémora para las economías de sus explotaciones agrarias, de las que muchas están abocadas al cierre. Las organizaciones agrarias creen que hay reformas esenciales y cambios de funcionamiento en la Ley de la Cadena Agroalimentaria, o en el sistema de seguros agrarios que siguen sin producirse. Al igual que la adaptación de la reforma laboral y los costes salariales a las necesidades del campo, que lejos de llevarse a cabo, supone un lastre cada vez mayor para las explotaciones.
También denuncian la falta de inversiones e infraestructuras y una política hidráulica decidida, así como la mala gestión de los recursos hídricos en las distintas cuencas, que hace que convivan situaciones endémicas de déficit de agua con desastres como el provocado por la última Dana que ha asolado el sureste peninsular.
En el contexto actual, Asaja y COAG han señalado que la “verdadera amenaza” que sufre el campo español es la proliferación de acuerdos de libre comercio de la UE con terceros países. «Las importaciones de productos agrarios de Mercosur, Chile, Marruecos, Nueva Zelanda, con precios por debajo de nuestros costes de producción y sin cumplir las normativas que imperan para las producciones comunitarias, impactan gravemente en los agricultores españoles y europeos y provocan pérdidas inasumibles y cierres de explotaciones», advierten.
«Reclamamos un cambio de rumbo en las políticas que atañen al sector agrario, con decisiones mas proactivas en defensa de un sector que toca fondo, con ingresos que resultan insuficientes, con una pérdida de activos que resulta sangrante y con un relevo generacional que no es suficiente para mantener la actividad en nuestras explotaciones y en los núcleos rurales», han recalcado.
El presidente de Asaja Nacional, Pedro Barato, habló alto y claro
En Toledo cientos de agricultores y ganaderos alzaban esta mañana la voz por el campo en Toledo, pidiendo las mismas reglas de juego para competir con otros países. Durante casi dos horas en la Plaza de San Vicente, han protestado bajo el lema: «Si el campo no produce, la ciudad no come».»No vamos a decir que nos dejen hacer lo mismo», explica José María Fresneda, «nosotros queremos una agricultura marcada por la seguridad alimentaria y el acuerdo UE-Mercosur atenta con la soberanía y la seguridad alimentarias».
Han llegado de todas la provincias castellano manchegas, convocados por Asaja Castilla-La Mancha para protestar por lo que consideran «la insostenible crisis de rentabilidad que atraviesa el campo». El objetivo «no sólo es reivindicar medidas más que justificadas para el sector, sino también que el consumidor aprenda a identificar los productos y conozca las diferencias entre lo que producen nuestros agricultores y lo que llega de fuera».
Agricultores y ganaderos de todas Castilla-La Mancha, convocados por Asaja, han trasladado a Toledo sus movilizaciones para protestar por lo que consideran «la insostenible crisis de rentabilidad que atraviesa el campo».
El objetivo «no sólo es reivindicar medidas más que justificadas para el sector, sino también que el consumidor aprenda a identificar los productos y conozca las diferencias entre lo que producen nuestros agricultores y lo que llega de fuera».
Es el segundo día de la semana y segundo día de protestas del campo: piden ayudas para garantizar su superviviencia y cargan contra el acuerdo con Mercosur.
Los agricultores denuncian que, hoy en día, «producir alimentos en nuestro país cuesta más de lo que reciben por ellos, a pesar de que la normativa vigente prohíbe que se pague por debajo de los costes de producción».
«Esto no sólo es injusto para los agricultores, sino que, además, afecta a los consumidores, que la mayoría de las veces no tienen opción de saber el origen ni las prácticas utilizadas en los alimentos que consumen».
Entre las principales reivindicaciones la creación de un Observatorio de costes, una Estrategia Nacional que limite la especulación en los precios y la aplicación de las «cláusulas espejo» en los acuerdos comerciales.
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